En el pleno de la corriente Izquierda Socialista en Asturias que celebramos el pasado 12 de Mayo, se adoptó la siguiente resolución:
En el contexto de la crisis internacional que ha generado GRAVES dificultades económicas en EE. UU, Europa, etc., los gobiernos se han visto obligados a intervenir con cuantiosas aportaciones de dinero público para evitar la puesta en riesgo de instituciones bancarias, el desplome de la actividad económica (consumo familiar, falta de crédito a las PYMES, inversión productiva, etc.) y mantener e incluso aumentar (en el caso de las prestaciones por desempleo) las prestaciones sociales, incrementando sustancialmente el déficit (-ingresos, + gastos) público.
Para financiar ese déficit público ha sido necesario recurrir en cantidades crecientes a la emisión de deuda pública, cuyo uso generalizado por parte de los Estados ha contribuido a un importante incremento de los tipos de interés, acentuado en casos como el de España, que ha llegado más rápidamente a un déficit superior al 12%, retroalimentando así las dificultades para colocar en el mercado esa Deuda a tipos de interés más asequibles.
Ante esta situación, el Gobierno socialista de España se ha visto obligado a tomar una serie de drásticas decisiones para corregir a la mayor brevedad el desequilibrio existente de la balanza de ingresos – gastos y mostrar a los mercados su capacidad para controlar el déficit y garantizar su solvencia.
Medidas necesarias y coherentes con el marco internacional en que nos desenvolvemos; pero que hacen recaer el mayor esfuerzo en una de las partes más débiles, económicamente, de la sociedad, dando pie a la idea de que “se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas”.
Medidas duras y de hondo calado económico-social que inciden de forma DIRECTA sobre las rentas del trabajo de los empleados públicos, pensionistas, prestaciones de la ley de dependencia, ralentizando inversiones, ya comprometidas, de la Administración Central y reduciendo los Presupuestos de las Administraciones Autonómicas y Locales etc., e INDIRECTAMENTE sobre el resto de los trabajadores y desempleados.
Por ello y con independencia de las medidas globales que se adopten por la comunidad internacional, tendentes a una adecuada regulación de los mercados de capitales, la supresión de los paraísos fiscales, etc., y con el fin de facilitar el control y poner freno a los movimientos financieros exclusivamente especulativos, proponemos que el Gobierno de España, junto a los gobiernos de otros países que ya lo vienen planteando, impulse la implantación a nivel global de la llamada Tasa Tobin, u otra figura similar que sirva como herramienta para controlar los mercados, mediante un impuesto especial sobre cada una de las transacciones financieras, especulativas, en las operaciones de cambio de divisas.
En cuanto a las medidas que afectan exclusivamente a España, el Gobierno DEBERÍA “modular” las medidas ya planteadas, teniendo en cuenta la situación real del país, tanto económica como social, de manera que facilite el logro de acuerdos en esta materia con otras fuerzas progresistas y con los agentes sociales y sindicales.
Con tal fin y por razones de equidad fiscal y de cohesión social, se hace imprescindible que el Gobierno establezca como prioridad, combatir más eficazmente el elevado fraude fiscal, que ya supera el 20% del P.I.B, así como la aplicación, a los sectores de la sociedad que disponen de mayor nivel de recursos y rentas y a los que no se les ha exigido – hasta ahora – una contribución y un esfuerzo proporcional a sus capacidades, la aplicación de medidas como las siguientes:
1. Restituir el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo; o instaurar otra figura tributaria, un impuesto sobre la riqueza, que grave las grandes fortunas y desincentive la especulación inmobiliaria.
2. Modificación del IRPF haciéndolo más progresivo, en especial para los tramos de renta más altos.
3. Establecer un tratamiento igualitario de las rentas del trabajo y del capital
4. Incluir coeficientes de abatimiento para los rendimientos del capital mobiliario que favorezcan el ahorro.
5. Modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos instrumentos de inversión, (Fondos, SICAV, etc.), tributen de forma significativa y en proporción a sus beneficios.
6. Incremento de impuestos, como por ejemplo sobre las ventas de alcohol y tabaco por sus efectos perniciosos para la salud y su incidencia en el gasto sanitario.
7. Elevar la fiscalidad a las empresas con más beneficios.
8. Obligar a la banca a comprar más deuda pública para mitigar los movimientos especulativos.
En definitiva, aún tenemos mucha capacidad de incrementar la presión fiscal, dado que la media europea está en el 42%, frente al 31% en nuestro país. Estas medidas han y deben plantearse a TODA la sociedad, en su conjunto y en función de sus capacidades y por razones de equidad fiscal y cohesión social, afronte solidariamente el necesario e ingente esfuerzo que se ha de realizar para salir todos juntos y resolver eficazmente esta difícil situación, manteniendo y garantizando los pilares básicos del Estado de bienestar.
