" El día 6 de abril el Parlamento español aprobó la Ley Orgánica de Educación. Ha sido un largo camino de diálogo, encuentros y algunos desencuentros. Culminan así más de doscientas reuniones con sindicatos, asociaciones de padres, representantes de la patronal, estudiantes y titulares de centros. Cientos de actos explicativos y de documentos recibidos, horas y horas de estudio y debate que se ven coronados por la aprobación mayoritaria del Congreso de los diputados en el pasado jueves día 6, con la oposición del partido Popular. Ha sido una ley ampliamente debatida, dialogada y consensuada. Nadie se la puede apropiar porque es de todos y todos hemos cedido un poco en aras del consenso final y del desarrollo estable del sistema educativo.
Han habido acuerdos con los sindicatos que representan al 80% de los docentes de los centros públicos (20-10-05) y al 90% de los profesionales que trabajan en los centros privados concertados (10-11-2005).
La propuesta parte de dos ejes básicos que caminan conjuntos: la calidad y la equidad. La calidad con un sentido universal y la equidad permitiendo el acceso a ese derecho constitucional a todos y en igual de condiciones, alejando la discriminación de cualquier tipo- bien sea cultural, económica, racial o religiosa. Es una ley contra el fracaso escolar que prevé una serie de diagnósticos a fin de detectar tempranamente las dificultades del aprendizaje. No se pretende la promoción automática sino las medidas adecuadas para corregir el déficit de aprendizaje, la orientación y los refuerzos precisos para superar los niveles académicos previstos mediante tutorías y medidas personalizadas para los alumnos con dificultades.
Han habido acuerdos con los sindicatos que representan al 80% de los docentes de los centros públicos (20-10-05) y al 90% de los profesionales que trabajan en los centros privados concertados (10-11-2005).
La propuesta parte de dos ejes básicos que caminan conjuntos: la calidad y la equidad. La calidad con un sentido universal y la equidad permitiendo el acceso a ese derecho constitucional a todos y en igual de condiciones, alejando la discriminación de cualquier tipo- bien sea cultural, económica, racial o religiosa. Es una ley contra el fracaso escolar que prevé una serie de diagnósticos a fin de detectar tempranamente las dificultades del aprendizaje. No se pretende la promoción automática sino las medidas adecuadas para corregir el déficit de aprendizaje, la orientación y los refuerzos precisos para superar los niveles académicos previstos mediante tutorías y medidas personalizadas para los alumnos con dificultades.
Se potencia desde los primeros años las destrezas básicas del alumno por medio de la insistencia en las actividades tradicionalmente fundamentales como la lectura, escritura y cálculo, condimentadas con el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento de un segundo idioma desde los cinco años. El primer nivel, la educación infantil, cobra sentido como un nivel educativo y no meramente asistencial
La asignatura de Religión es de oferta obligatoria para todos los centros y de elección voluntaria para los alumnos. Se respetan así las condiciones del Concordato y los preceptos Constitucionales, como se desprende del informe preceptivo del Consejo de Estado.
La Educación para la ciudadanía es una nueva asignatura, con una presencia lectiva discreta, pero que desea plantear en el ámbito escolar una potenciación de la formación del alumno en los valores cívicos, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la prevención de la violencia de género y en la consolidación de la democracia y la convivencia. Principios éticos que deben inspirar el comportamiento humano en sociedad.
Los profesores, eje vertebrador de todo el sistema, son tenidos en cuenta valorando su actuación, refrendando su autoridad, asegurando su formación permanente, reconociendo sus responsabilidades, pagando su disponibilidad, potenciando la carrera docente en sentido longitudinal o ascendente para quienes lo deseen. Los centros tendrán mayor capacidad de autogestión.
A los padres, elemento clave para el desarrollo y el éxito educativo, se les asegura el poder elegir el centro que deseen para sus hijos, pero que no sean los centros quienes seleccionen a sus alumnos. Existe una preocupación real por su formación y por la integración en todos los órganos de participación educativa.
Para conseguir este objetivo es necesaria la cooperación de toda la comunidad educativa. Los hábitos de trabajo, la disciplina, el autocontrol y el esfuerzo personal están en la base del aprendizaje, pero también hablamos del esfuerzo compartido.
La ley pretende simplificar la maraña legislativa existente tras la proliferación de leyes y normas de los últimos años. Quiere incorporar al sistema general la regulación de todas las enseñanzas no universitarias, incluidas las profesionales y artísticas. Persigue conexionar el sistema obligatorio con el Universitario, contemplando el ámbito de la Unión Europea, y preocupándose por la formación inicial y permanente.
La Educación precisa de esta reforma urgente demandada por la sociedad española. Esta ley nace como respuesta a esa petición y se ampara en el diálogo y el consenso para asegurar la estabilidad del modelo propuesto. Es un tema de Estado y como tal debe ser contemplado por los agentes sociales, económicos y políticos.
La asignatura de Religión es de oferta obligatoria para todos los centros y de elección voluntaria para los alumnos. Se respetan así las condiciones del Concordato y los preceptos Constitucionales, como se desprende del informe preceptivo del Consejo de Estado.
La Educación para la ciudadanía es una nueva asignatura, con una presencia lectiva discreta, pero que desea plantear en el ámbito escolar una potenciación de la formación del alumno en los valores cívicos, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la prevención de la violencia de género y en la consolidación de la democracia y la convivencia. Principios éticos que deben inspirar el comportamiento humano en sociedad.
Los profesores, eje vertebrador de todo el sistema, son tenidos en cuenta valorando su actuación, refrendando su autoridad, asegurando su formación permanente, reconociendo sus responsabilidades, pagando su disponibilidad, potenciando la carrera docente en sentido longitudinal o ascendente para quienes lo deseen. Los centros tendrán mayor capacidad de autogestión.
A los padres, elemento clave para el desarrollo y el éxito educativo, se les asegura el poder elegir el centro que deseen para sus hijos, pero que no sean los centros quienes seleccionen a sus alumnos. Existe una preocupación real por su formación y por la integración en todos los órganos de participación educativa.
Para conseguir este objetivo es necesaria la cooperación de toda la comunidad educativa. Los hábitos de trabajo, la disciplina, el autocontrol y el esfuerzo personal están en la base del aprendizaje, pero también hablamos del esfuerzo compartido.
La ley pretende simplificar la maraña legislativa existente tras la proliferación de leyes y normas de los últimos años. Quiere incorporar al sistema general la regulación de todas las enseñanzas no universitarias, incluidas las profesionales y artísticas. Persigue conexionar el sistema obligatorio con el Universitario, contemplando el ámbito de la Unión Europea, y preocupándose por la formación inicial y permanente.
La Educación precisa de esta reforma urgente demandada por la sociedad española. Esta ley nace como respuesta a esa petición y se ampara en el diálogo y el consenso para asegurar la estabilidad del modelo propuesto. Es un tema de Estado y como tal debe ser contemplado por los agentes sociales, económicos y políticos.
Alberto José Rodríguez, Director de la Alta Inspección de Educación en Asturias.